Un total de 64 familias que habitan en el edificio Meta de la urbanización La Haciendita en Cagua, acudieron al Concejo Municipal para exigir la reparación del daño causado a los vecinos el pasado 11 de diciembre de 2012, en donde el camión Hidrojet de la Alcaldía del municipio Sucre derribó el portón de la entrada principal del edificio.
Los afectados han consignado ante las autoridades respectivas diversas comunicaciones a los fines de obtener la reparación del daño causado, siendo infructuosas tales gestiones, según oficios dirigidos a la alcaldía de fecha 07 de agosto de 2013 y al Instituto Autónomo de Mantenimiento Ambiental (IAMA) en fecha 08 de enero de 2014.
El Concejal Wladimir Latozesky, presidente de la Comisión de Arquitectura, Urbanismo y Construcciones en general del Concejo Municipal, precisó que el artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado venezolano responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión causada sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública.
“En este caso en particular, aun operando la negligencia, imprudencia, impericia, omisión del agente público, la responsabilidad queda a cargo del Ente Público (IAMA); sin necesidad de que el tercero afectado (Residentes del edificio Meta de la Urbanización La Haciendita) demuestre el comportamiento ilícito del funcionario en el ejercicio del cargo” precisó.
Por último, Latozesky manifestó que en caso de ser infructuosas las gestiones de reparación del daño ante el ente, acudirá junto a los vecinos a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al artículo 281 de la CRBV, ya que esa institución está en la obligación de amparar los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos, contra las arbitrariedades, desviación de poder y los errores cometidos en el ejercicio de sus funciones, e interponer las acciones necesarias para exigir al IAMA la reparación a las personas por los daños y perjuicios causados y que les hayan sido ocasionados por la prestación de los servicios públicos.
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